Bienestar
es un concepto que responde a los cánones de desarrollo y se configura en
atención al individuo y su relación/interacción con el espacio. Son tres
componentes que interactúan entre sí: (i) el individuo en sí mismo; (ii) la
relación de los individuos entre sí; y (iii) la relación del individuo con el
Estado. El diseño y alcance, en lo político y económico, que decida tener un
Estado afecta y tiene implicaciones medibles para que un individuo alcance
bienestar. Tales diseños, cual péndulo, oscilan desde gobiernos con
organización y jerarquías muy verticales y rígidas que también intervienen y
definen las relaciones de mercado hasta Estados con capacidades claramente
definidas y limitadas cuya única injerencia en el mercado es la de regulación.
Una
somera revisión de los principales índices de desarrollo (desarrollo humano,
alfabetización, deserción escolar, acceso a agua potable, alcantarillado,
índice de Gini, entre otros) muestra que nuestro país ha mejorado
substancialmente en los últimos treinta años. Hace tres décadas se ha ido
implementando un diseño que ha sido más eficiente en términos de generar mayor
bienestar para los bolivianos. Indudablemente, obtener la democracia ha marcado
un hito que ha provocado la aplicación de otras políticas públicas que en
conjunto han generado mayores y mejores condiciones generales.
La
ausencia de democracia y de políticas económicas plurales que se traduzcan en
incentivos a la producción y al desarrollo, derivó en privilegios para unos
cuantos en detrimento de otros que no estaban en igualdad de condiciones para
competir. El status quo evitaba que exista competencia perfecta en cualquier
sector y más bien alentaba y acrecentaba las distorsiones típicas de un modelo
económico de vocación centralista y dirigido por el Estado, a decir: grupos
coptados, asimetría de información, acceso a formación de capital restringido y
asignación del presupuesto público carente de estrategia y planificación. En
síntesis, la ausencia de democracia: es decir de institucionalidad, de control
y fiscalización social, de participación ciudadana y ejercicio de derechos y
obligaciones, dio cabida a la arbitrariedad y abuso. Un escenario ideal para
muy pocos y sobre todo a costa de muchos.
Revertir
el daño causado por la falta de institucionalización (democracia) que se
trasladó al deterioro económico, solo fue posible con la implementación de un
nuevo modelo económico, uno que vaya de la mano con la naciente democracia. Los
casos de éxito de las economías emergentes tienen como denominador común a la
democracia y economía abierta. La democracia se centra en el individuo y su rol
en la sociedad, y tiene bien especificadas las capacidades del Estado; la
economía abierta por su parte, también se centra en el individuo, pero en su
capacidad de agente económico privado. Si el Estado ya no es el empresario y el
que comanda los aspectos económicos, entonces puede enfocarse en el diseño de
políticas públicas e instituciones que atiendan mejor al ciudadano y que lo
impulsen no solo a que satisfaga sus necesidades sino a que contribuya al
desarrollo y crecimiento del país: bienestar.
Técnicamente
las reformas referidas, en cuanto a la estructura del mercado son las llamadas
reformas de ajuste económico o de primera generación y en cuanto al ámbito
institucional son conocidas como las de modernización del Estado o de segunda
generación. En el caso boliviano, ambas generaciones fueron implementadas y
también sucesivamente ajustadas y rediseñadas. Respondían a una coherencia de
modernización que el país emprendió. Ahora vivimos, en buena parte, los
beneficios que aquellas reformas y ajustes han provocado: mayor inclusión
social y económica. Las políticas públicas, desde que son implementadas hasta
que tienen su tiempo de maduración, pueden tardar varios años en demostrar
beneficios medibles. En el presente, es posible asegurar con certeza que las actuales
generaciones tienen mayor bienestar que las pasadas. La tarea consiste en
asegurar que las próximas generaciones tengan la misma respuesta y certidumbre.
